En septiembre de 1983, el ministro Rodrigo Lara Bonilla mantuvo el
empeño de atacar a los narcotraficantes por lo que usó un insumo que era
neurálgico para su negocio: los aviones.
Suspendió licencias de vuelo por doquier en todo el país para cerca de un centenar de avionetas y helicópteros
por sospecha de servir al tráfico de drogas.
